(1) Comunidades nativas de la selva continúan medida de fuerza en defensa de su autonomía. (2) La situación podría empeorar.
En vez de dialogar gobierno envía tropas para enfrentarse a unos 10 mil indígenas en lucha. Más comunidades de la selva se suman a protesta.
Las acciones se radicalizan en la selva, con tomas de centrales hidroeléctricas y bloqueos. Pese a los anuncios de envío de tropas del Ejército para repeler la movilización de las comunidades nativas, la medida continúa y más comunidades se suman a la protesta, pues se sienten marginadas por el Gobierno y en peligro de perder sus territorios, ante la amenaza de los decretos legislativos que facilitarían su venta a empresas transnacionales.
A la toma de la estación 5 de PetroPerú en Saramiriza (Loreto) por parte de los indígenas Awajun, la ocupación de la central hidroeléctrica de Aramango, en Muyo (Amazonas) y el bloqueo con embarcaciones del río Bajo Urubamba, ayer se sumó la ocupación de dos plantas y un helipuerto de Pluspetrol en Quillabamba (Cusco).
Se trata de representantes de las comunidades nativas del bajo Urubamba, quienes ingresaron a las plantas A y B del lote 56 correspondiente a la zona conocida como Pagoreni, perteneciente al Proyecto Camisea. Según indicó a LA PRIMERA el representante de las comunidades del río Urubamba, Walter Categari, cerca de 150 nativos ingresaron a esas plantas con decisión pero sin confrontación, desmintiendo así versiones iniciales que anunciaban la toma de rehenes.
El dirigente precisó que en ningún momento intentaron retener a los empleados de la planta, “por tratarse de una protesta pacífica para llamar la atención del Ejecutivo”. “La medida no es contra Pluspetrol, ni contra sus trabajadores. Reclamamos al Gobierno porque con sus decretos ponen en peligro nuestra integridad”, recalcó.
Llamado al diálogo
Sobre posibles soluciones a la crisis, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) refirió que sólo mediante una mesa de diálogo que encabece el premier Jorge Del Castillo se obtendría la suspensión de la medida de fuerza, a la que ya se sumaron cerca de diez mil nativos del país.
Pizango cuestionó que desde Lima se intente solucionar la crisis enviando tropas policiales. “Nos tratan como si pusiéramos en riesgo la soberanía del país, cuando lo único que pedimos es que respeten nuestros derechos. El Perú suscribió un convenio con la OIT que estipula que no se pueden tomar decisiones sin consultarnos, pero se han emitido decenas de decretos dejando abierta la posibilidad de vender nuestras tierras si no están tituladas”, enfatizó.
El representante de Aidesep reafirmó que exigen la conformación de una mesa de diálogo para pedir la derogatoria del decreto legislativo 1073 (antes 1015) y de los 38 decretos legislativos que violan el carácter intransferible de los territorios ocupados por pueblos indígenas amazónicos y de las comunidades campesinas de la costa y sierra.
En alerta por represión
Por su parte, el congresista por Ucayali, Róger Nájar Kokally, indicó a LA PRIMERA que la protesta de las comunidades nativas fue originada por los decretos inconstitucionales del Gobierno y lamentó que el Ejecutivo haya ignorado los pedidos de diálogo.
Asimismo, el parlamentario opinó que el conflicto no se resolverá con el envío de contingentes policiales o miembros de las Fuerzas Armadas, pues consideró que lo único que se conseguirá será agravar el descontento social. “Se trata de una lucha justa de las comunidades que se sienten excluidas. Muchas de ellas no tienen acceso ni siquiera a los servicios de salud. Ahora sienten que están en riesgo de perder sus territorios, mediante decretos que violan sus derechos y el convenio 169 de la OIT que estipula la protección de las comunidades indígenas”, puntualizó.
Otros gremios de la selva alistan nuevas medidas
Las organizaciones civiles de la selva también respaldan la protesta nativa. Luis Zegarra Kajat, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Madre de Dios, señaló a LA PRIMERA que en reiteradas ocasiones su organización cursó documentos al premier Jorge del Castillo y al presidente Alan García para solicitar la instalación de una mesa de diálogo, sin encontrar respuesta.
El dirigente manifestó que el descontento es total en la selva. “Nos sentimos ignorados”, dijo, y no descartó nuevas medidas de lucha a nivel regional. Agregó que el malestar de las comunidades indígenas es justificable, por los decretos que atentan contra su autonomía y derechos. Anunció que los agricultores, madereros y demás gremios de Madre de Dios evalúan la fecha de nuevas protestas.“
De una vez por todas el Gobierno debe dejar esa postura de autoritarismo y soberbia para solucionar los problemas de las comunidades nativas y la selva en general. Estamos uniendo esfuerzos para establecer una agenda conjunta, pese a que todos los dirigentes estamos denunciados por los hechos del 9 de julio, en los que no tuvimos nada que ver”, precisó Zegarra.
Gerardo Pacheco T.
Redacción
