SELVA ARDE POR DECRETOS NOCIVOS




Ánimos caldeados en la selva. Tras lograr diálogo, no se ven reacciones concretas.



Dirigentes llegan a Lima para exigir que sean derogados. Si no atienden sus reclamos, inician protesta el lunes 10.


Aunque hubo acuerdos y se calmaron las aguas, estas volvieron a inquietarse en la selva, pues los dirigentes de los frentes regionales que integran la Cumbre Amazónica llegaron a Lima para agotar el diálogo con las autoridades antes de iniciar, el 10 de noviembre, una huelga indefinida en contra de los decretos legislativos que afectan a Amazonía, la detención de dirigentes acusados por daño a la seguridad pública que participaron en las protestas, y el retiro de las exoneraciones tributarias, entre otros reclamos.

Humberto Paredes, coordinador de la Cumbre Amazónica, dijo que la delegación acudirá al Congreso para dialogar con el titular de ese poder del Estado, Javier Velásquez Quesquén, y el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Roger Najar. Esperan definir la atención a sus demandas en una cita con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en donde se espera que asista el premier Yehude Simon.


Quiebre interno

Los ánimos de las bases están divididos. Algunas como las del Alto Amazonas en la región Loreto confirmaron su participación en la huelga, aseguró la presidenta del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia, Adilia Tapullima.

La dirigencia de la selva central ratificó su apoyo, pero las bases del Frente de Defensa de San Martín han descartado por el momento sumarse a la movilización, informó su presidenta Semira Pérez.


CAMPAÑA: La dirigente Tapullima señaló que el principal escollo es la campaña de desprestigio desatada por el Apra contra los dirigentes, a quienes acusa de terroristas y de enemigos del desarrollo. En la cita con la PCM también acudirán federaciones agrarias y una delegación de asháninkas del valle del Ene.

DOE RUN DEBE DAR GARANTÍAS


Diario LA PRIMERA - Lima, 30/03/09

El presidente de la comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Róger Najar, dijo ayer a LA PRIMERA que el gobierno no debe favorecer a la minera estadounidense Doe Run con un “salvataje financiero” para evitar su quiebra, pues esta empresa no ofrece ninguna garantía al Estado.

"Doe Run pide una ayuda de 75 millones de dólares a través de la Corporación Financiera de Desarrollo. Ellos dicen que si no los ayudan, despedirán a miles de trabajadores mineros. Pero el Estado no tiene acciones en Doe Run; por lo tanto, no ofrece garantías”, manifestó.


Simple excusa

Dijo que el argumento de su quiebra inminente es sólo una excusa. “Ellos siempre han incumplido todos sus compromisos, como su programa de adecuación y manejo ambiental”, denunció.

Nájar opinó que el Ejecutivo debe analizar otras alternativas de solución, como, por ejemplo, que el Estado obtenga un porcentaje del accionariado de la empresa.

En tanto, el presidente de la Comisión de Economía, Güido Lombardi, afirmó que está de acuerdo con la ayuda estatal, porque 3,500 trabajadores mineros podrían ser despedidos.

Además, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, reconoció que el Ejecutivo está evaluando otorgar una línea de crédito a la minera para evitar, según argumentó, la quiebra de la empresa.